lunes, 10 de diciembre de 2007

Banco del Sur: ¿Una alternativa de financiamiento para el desarrollo?

Por Fabrina Furtado, de Rede Brasil

Algunos gobiernos latinoamericanos y organizaciones y movimientos de la sociedad civil están en busca de fuentes alternativas de financiamiento para América Latina. La propuesta de creación del Banco del Sur se ubica en esta dirección. Sin embargo, necesitamos garantizar que la institución sea de hecho democrática y económica, social y ambientalmente justa. Por sobre todo, el Banco del Sur no debe reproducir el modelo institucional, económico o político de las actuales instituciones financieras multilaterales.

Durante las últimas décadas el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vienen dictando "reglas de buen comportamiento" para los gobiernos del Sur, violando la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Son esas reglas las que han sido responsables de mucha destrucción económica, cultural, ambiental y social en esos países. Fue a partir del monitoreo de esas instituciones y consecuentemente del reconocimiento de los graves problemas relacionados a su actuación – sistema de poder, influencia política, intereses y políticas recetadas – que construyendo alternativas de financiamiento para el desarrollo de América Latina y demás continentes del Sur, organizaciones y movimientos de la sociedad civil propusieron la creación de un banco público controlado por los países del Sur. Esta propuesta fue madurando con la llegada al poder de los gobiernos populares en América Latina – principalmente del Presidente de Venezuela Hugo Chávez que conjuntamente con Néstor Kirchner de Argentina lanzaron la propuesta. La propuesta fue recientemente asumida también por Ecuador, Bolivia, Paraguay y Brasil.

Esta es una oportunidad inédita de reconquista de nuestra soberanía, de garantía de seguridad externa, y aumento de nuestra influencia dentro del sistema de globalización, en cuanto puede fortalecer el proceso de integración regional. Sin embargo, necesitamos garantizar que la institución sea de hecho democrática y económica, social y ambientalmente justa. Por sobre todo, el Banco del Sur no debe reproducir el modelo institucional, económico o político de las actuales instituciones financieras multilaterales que sirven como instrumento de implementación de los intereses colonizadores de Estados Unidos y Europa. Este Banco se debe construir para ser un instrumento de desarrollo de los países y de las poblaciones, orientando su financiamiento a las necesidades nacionales y regionales.

La experiencia del monitoreo del Banco Mundial, el FMI y el BID durante las últimas décadas ha demostrado que para garantizar otro financiamiento para el desarrollo el Banco del Sur debe:

• tener una política de información que sea transparente y accesible posibilitando el monitoreo de sus operaciones por parte de la sociedad civil, recordando que sus recursos son públicos;
• garantizar espacios institucionales (y también no institucionales) de participación efectiva, amplia y diversificada de la sociedad civil en la definición de las estrategias y políticas, en la elaboración de criterios de financiamiento del Banco y en la definición de los créditos;
• permitir la realización de auditorias externas de sus políticas, préstamos y funcionamiento interno;
• los directores de todos los países del Banco deberán presentar rendición de cuentas periódicas de sus acciones a la sociedad civil y a sus respectivos parlamentos, garantizando el derecho de los parlamentarios de aprobar (o no) a los expositores;
• tener un proceso decisorio igualitario para que el Banco no sea dominado por los países más ricos de la región. Para esto, el voto tiene que ser por país y no por el valor de las cuotas. Las contribuciones financieras deben considerar las condiciones específicas de cada país, pero eso no debe afectar el poder de voto. Es decir, que el Banco no repita el modelo del FMI, BM y BID de un dólar un voto;
• prohibir la posibilidad de tener como accionistas a las instituciones financieras multilaterales – con o sin poder de voto. Esto debe valer también para países del Norte que históricamente han actuado de forma perversa en nuestros países, siendo deudores de enormes deudas históricas, ecológicas y sociales;
• tener un proceso de selección de candidatos a la presidencia y otros cargos claves del Banco que sea democrático – pasando por un amplio proceso de consulta de los legislativos de cada país y de la sociedad civil;
• los financiamientos deben considerar cuestiones internas de cada país. El Banco debe priorizar apoyos a los países en situación de mayor vulnerabilidad a partir de considerar las desigualdades internas, evitando el control de esos recursos por parte de las grandes empresas y/o elites locales;
• prohibir la imposición de condicionalidades – implícitas o explícitas – que han servido como un instrumento de control y violación de soberanía;
• tener un código de conducta que garantice la responsabilidad financiera y socioambiental de los países que accedieran al crédito o del propio Banco;
• tener una cláusula inclusiva para cada financiamiento a los países, a fin de que los proyectos presentados consideren la dimensión regional, de género, raza, etnias y generaciones.
• tener una cláusula que vincule el crédito al respeto y promoción de los derechos humanos;
• promover la integración social y cultural de los países, resguardando la autonomía de cada uno para decidir sobre sus relaciones con el Banco;
• garantizar que los proyectos de infraestructura presenten contrapartidas socioambientales;
• definir metas anuales y también plurianuales para atender demandas históricas de nuestra región, como por ejemplo:
- metas para sanear el 100 por ciento de las residencias urbanas y rurales de América del Sur;
- garantizar la escuela pública, gratuita y de buena calidad a todos los niños de la región;
- financiamiento a políticas públicas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional a cada ciudadano de esta región;
- financiamiento para la reconstrucción de la capacidad productiva de nuestros países, con vista a la atención de todas esas demandas.

Para concluir, el Banco del Sur necesita estar basado en una lógica que no sea dominada por criterios financieros, pero sí de complementariedad, reciprocidad y solidaridad a partir de otras estrategias de desarrollo distintas a las políticas neoliberales y desarrollistas. El Banco no puede condicionar el acceso al crédito a proyectos esencialmente rentables, a indicadores macroeconómicos o a contratación de determinadas empresas como ejecutoras de los proyectos. Siendo así, el Banco no debe apoyar los proyectos de liberalización comercial y financiera y privatizaciones (a las Compañías Público-Privadas – CPPs) propuestos y apoyados por las Instituciones Financieras Multilaterales (IFMs) como por ejemplo, la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Por el contrario, el Banco debe servir como protección a los países del Sur de los impactos negativos de la globalización económica y política apoyando el desarrollo interno y regional autónomo.

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